La decisión de la administración Trump de poner fin a la exención de minimis para las importaciones chinas valoradas en menos de 800 dólares se traducirá en precios más altos y plazos de entrega más largos para los consumidores estadounidenses. La norma permitía la entrada libre de impuestos de 4 millones de paquetes diarios que en su mayoría procedían de China y generaban 66.000 millones de dólares en exportaciones en 2023, según el Servicio de Investigación del Congreso. La supresión de esta norma, junto con los aranceles del 145% impuestos por Trump a China, a los que China respondió con aranceles del 125%, crea una guerra comercial entre Estados Unidos y China e interrumpe las operaciones de comercio electrónico.
El requisito de declaración de aduanas y pago de aranceles supone un aumento de los costes para los compradores. Las tiendas online Temu y Shein muestran "gravámenes a la importación" que aumentan los precios al doble y también muestran los aranceles durante el proceso de pago. Amazon declaró que no mostraría los costes arancelarios a raíz de la reacción de la Casa Blanca. El Servicio Postal de Estados Unidos impondrá aranceles del 120% o una tasa fija de entre 100 y 200 dólares a los paquetes, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, lo que puede provocar retrasos en las entregas.
John Curry, de HAPARI International, y otras empresas que dependen de la exención deben tomar ahora decisiones difíciles. Curry decidió pagar el 145% de derechos por cada paquete a la espera de un posible acuerdo entre Estados Unidos y China. Según Izzy Rosenzweig, de Portless, el cambio de política supondrá un aumento de los precios o la necesidad de almacenamiento nacional para las empresas con escasos márgenes de beneficio. Los fabricantes estadounidenses, como los vendedores de bicicletas y los fabricantes de banderas, prevén un aumento de sus ventas. La Asociación de Fabricantes de Banderas observó un descenso de las ventas del 25-35% debido a las importaciones chinas baratas y los vendedores de bicicletas identifican problemas de seguridad con las alternativas de bajo coste. La nueva política pretende crear equidad entre las empresas, pero perturba las actuales operaciones de comercio electrónico.
